Ejército admite que le robaron armas.

Desde 2001, cuando fueron detectados robo desde los Arsenales de Guerra en calle Blanco Encalada de la capital, el Ejército comenzó a adoptar medidas para el resguardo de las 52 mil armas de fuego entregadas en custodia por los tribunales, policías y fiscalías.

Los tragaluces de las bóvedas fueron enrejados, se colocaron sensores de movimiento, cámaras de circuito cerrado de televisión y se instalaron sistemas de computación para hacer un nuevo inventario de las piezas.
"Los antiguos sistemas, algunos manuales, permitían dudas respecto a la consignación de datos. Esto mejoró con sistemas informáticos modernos y eficientes", dijo el comandante en jefe del Ejército subrogante, general de división Javier Urbina.

El alto jefe policial reemplazó a Juan Emilio Cheyre, de visita en Brasil para asistir a la reunión de comandantes en jefes de países del Mercosur. Hizo referencia a los informes periodísticos que dieron cuenta sobre las repercusiones que está teniendo en la delincuencia el robo de armas desde almacenes militares.

En 2001 fueron entregados a la justicia siete ex conscriptos de Arsenales de Guerra inculpados de robar armas que aparecieron en manos de asaltantes en Maipú. Al año siguiente, cuatro militares de esa misma repartición y el coronel retirado Edmundo OKingston corrieron la misma suerte, dando origen a procesos judiciales aún en desarrollo.

También fueron detectados robos de armas en el regimiento Húsares de Angol y en la Escuela de Caballería de Quillota.

Urbina explicó que la constatación de tales hechos llevó al Ejército a inventariar las armas entregadas a su custodia. "Todas ellas deben ser cotejadas para tener un catastro real y eficiente. Parte de este trabajo está por terminar en estos días", dijo.

Aseguró que el actual sistema de protección y custodia "es muy bueno y no se han producido sustracciones".
El general Urbina calificó de "compleja" la labor de clasificación y custodia de armas. "No es un simple inventario el que se debe hacer, sino que hablamos de un proceso en el cual intervienen distintas instituciones: los tribunales de justicia, el Ejército, la Dirección Nacional de Movilización Nacional (que depende del Ministerio de Defensa) y procedimientos de las policías".

La policía está tras la pista de otros militares sospechosos

Personal del OS-9 de Carabineros realizó ayer una serie de allanamientos en la Quinta Región tras la pista de más lugares de acopio de armas ilegales.

Las diligencias fueron apoyadas por efectivos del Gope y se llevaron a cabo en sectores rurales del litoral central. Según fuentes de la institución, uno de estos lugares fue Quilpué y luego Villa Alemana. Los resultados de estas acciones eran mantenidos bajo reserva hasta ayer por la tarde, por orden del 33er. Juzgado del Crimen.

El mismo tribunal, en la mañana, frustró la exhibición del armamento incautado que iba a realizar Carabineros.

La instrucción, según se dijo a este medio, tuvo como objetivo no frustrar diligencias dictadas en las últimas horas y que implican el rastreo de, al menos, otros dos uniformados activos ligados a la red de tráfico de armas.

Trascendió que en esta línea investigativa habrían sido útiles los datos aportados por los detenidos Manuel Albornoz González, sargento activo de la Guarnición de Valparaíso, y Carlos Salas, empleado civil del Ejército. Ambas identidades fueron entregadas extrajudicialmente por fuentes ligadas al proceso.

Las armas decomisadas comenzaron a ser analizadas ayer por peritos de Carabineros. Los expertos se dieron a la tarea de elaborar un catastro que cruzará datos tales como números de serie, tipo de pieza, munición y marcas. Luego ello se comparará con los inventarios de los arsenales castrenses y fichas policiales que podrían ligar alguna de las armas con hechos delictivos.

El ministro del Interior, Francisco Vidal, señaló que será la investigación la que determine si de las armas decomisadas por Carabineros al desbaratar un tráfico ilegal hay algunas de entregadas voluntariamente por la ciudadanía en las comisarías o en las iglesias del país.

Agregó que tanto el robo de armas desde el Arsenal de Guerra del Ejército como el tráfico de armas descubierto "no pueden afectar ni alterar la Ley de Control de Armas, que es mucho mejor de lo que teníamos". "El confundir una insuficiencia con que el sistema está malo no ayuda", puntualizó Vidal.

A sólo horas de que finalice el plazo para entregar armas o inscribirlas en el caso de que no estén regularizadas, Vidal señalo que hasta ayer se habían entregado 4.150 armas en todo el país.

El general Javier Urbina dijo que tratándose de robos las responsabilidades son individuales y no del mando.